Por Miguel Hernández 
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la construcción de más de 2.200 viviendas en la Comunitat Valenciana durante el próximo año. Este plan, que forma parte de la denominada «legislatura de la vivienda», busca garantizar el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos más necesitados. El anuncio se produjo un día después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Valencia en defensa del derecho a la vivienda y en contra de la turistificación de la ciudad.
Mazón destacó que el Plan Vive, que ya cuenta con la adhesión de 260 municipios, permitirá la licitación de los primeros terrenos en noviembre, con lo que se prevé la construcción de más de 1.000 viviendas. Asimismo, en enero se iniciará la construcción de 1.200 viviendas en régimen de alquiler sobre terrenos municipales y de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). El presidente también subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de su gobierno para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la especulación inmobiliaria.
El anuncio coincidió con la protesta masiva del fin de semana, en la que miles de manifestantes recorrieron el centro de Valencia para exigir la regulación de los precios del alquiler y la creación de un parque de vivienda pública. Entre las demandas de los participantes también se incluyó la paralización de los desahucios y la restricción de la venta de viviendas al capital extranjero. El lema de la marcha, «València s’ofega» (Valencia se ahoga), hace referencia a la crisis habitacional y turística que enfrenta la ciudad.
En respuesta a estas demandas, el PSOE ha defendido la aplicación de la Ley de Vivienda en la Comunitat Valenciana, mientras que la portavoz de Compromís, Papi Robles, pidió a Mazón que declare Valencia como zona tensionada, aunque dudó que el presidente tome tal medida, acusándolo de estar alineado con los especuladores.
El gobierno de Mazón ha logrado avances notables en vivienda, con la creación de una línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que ha beneficiado a más de 230 personas y facilitado la adquisición de viviendas por un valor superior a los 17 millones de euros. Además, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales en un 25% para jóvenes y colectivos vulnerables ha supuesto un ahorro de más de 1.300 euros por declarante, incentivando el acceso a la vivienda.
En contraste, bajo la administración del PSOE, los avances en vivienda fueron limitados. A pesar de la implementación de la Ley de Vivienda, los precios del alquiler continuaron aumentando, y la creación de viviendas públicas fue insuficiente para satisfacer la demanda. Los desahucios también aumentaron, y la falta de regulación en la turistificación agravó la crisis habitacional en ciudades como Valencia.
Diana Morant y su deseo por la Generalitat Valenciana
Diana Morant, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha expresado su interés en la Generalitat Valenciana, aunque sus aspiraciones políticas se han visto empañadas por dificultades en la gestión de su ministerio, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para asumir un cargo mayor en la Comunitat Valenciana.
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