Por Miguel Hernández 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido tres querellas y cuatro denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la reciente DANA del pasado 29 de octubre de 2024, según ha determinado un auto del Pleno de la Sala de lo Civil y Penal. La decisión, que coincide con la postura del Ministerio Fiscal, descarta la existencia de indicios suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente.
Los magistrados decidieron agrupar todas las denuncias y querellas en una sola causa mediante una providencia previa. En su auto, el tribunal aplicó la doctrina del Tribunal Supremo, que exige indicios cualificados para investigar a personas aforadas, evitando que el caso se desplace fuera de su ámbito jurisdiccional natural sin fundamentos claros. La resolución subraya que las imputaciones presentadas carecen de “indicios objetivados con la solidez necesaria” para declarar la competencia del TSJCV.
El auto también recoge que las acusaciones, basadas principalmente en la omisión de decisiones que podrían haber mitigado las consecuencias de las inundaciones, se fundamentan en una relación de causa y efecto que no establece responsabilidades individuales claras. Según el tribunal, estas imputaciones no cumplen con el principio de culpabilidad por el hecho propio, que impide atribuir responsabilidad penal de forma automática por el cargo ocupado por una persona.
“La Sala no es insensible a la tragedia ocurrida”, menciona el auto, reconociendo la magnitud de las inundaciones y sus devastadoras consecuencias. Sin embargo, destaca que los hechos descritos no alcanzan el nivel de indicios necesarios para asumir la competencia de investigar al presidente en esta instancia.
En su resolución, el TSJCV aclara que esta inadmisíón no impide a los denunciantes ejercer su acción penal en los Juzgados de Instrucción competentes. Además, el auto deja abierta la posibilidad de que, tras una investigación preliminar exhaustiva en dichos juzgados, se puedan elevar nuevas imputaciones al tribunal si aparecen pruebas concluyentes.
Por otra parte, el TSJCV también declara que su competencia en este caso se limita exclusivamente al presidente Mazón, mientras que otros implicados, como la exconsellera de Justicia y Emergencias, quedarán sujetos a las decisiones del ámbito judicial correspondiente. De esta manera, las actuaciones quedan archivadas para el aforado, sin perjuicio de futuras investigaciones que puedan derivarse.
Con esta decisión, el Alto Tribunal zanja provisionalmente uno de los episodios más polémicos en torno a la gestión política de las recientes inundaciones, un fenómeno que dejó un impacto imborrable en las comunidades afectadas y reavivó el debate sobre la preparación y respuesta institucional ante emergencias climáticas.